¿"Flexibilización" del empleo o precarización de las condiciones laborales?
Uno de los efectos más devastadores que ha tenido la pandemia sobre la economía colombiana está ligada al aumento del desempleo. Son varios sectores del país que señalan que debe hacerse una “flexibilización” de las leyes laborales. Ante ello, el consejero y exrector de Utadeo, José Fernando Isaza, en su columna de opinión en El Espectador, cuestiona esta solicitud, al considerarla que es solo una palabra políticamente correcta para denotar la precarización de las condiciones de los trabajadores.
“Parecería que buscan cambiar el Código de Trabajo por las condiciones de los rappitenderos. Olvidan que el impulso al crecimiento económico lo crea la demanda y esta no se logra con escalas salariales de subsistencia”, advierte Isaza, al señalar que la participación de la remuneración del trabajo en el Producto Interno Bruto ha decrecido de manera importante, pasando del 41,4$ en 1990 al 43% en el 2019, mientas que el promedio en los países de la OCDE ronda en el 50%.
De igual forma, el columnista señala que se están refutando algunas teorías económicas que se oponen a los aumentos salariales, entre ellas la de la curva de Philips, en la que se indica que, a menor desempleo, mayor inflación.
“Una de las razones para oponerse a las medidas expansionistas que permitan disminuir las cifras de desempleo es la inflación. Analizando el comportamiento de esas variables, en EE. UU., Japón, la Comunidad Europea y otros, encontraron que en los últimos 50 años y en especial los últimos 20 coinciden los períodos de baja inflación con bajos grados de desempleo. Una posible explicación es el exceso de capacidad instalada y los costos decrecientes de producción, en particular en China, que permiten atender la demanda creada por un mayor grado de empleo”, argumenta el tadeísta.
Al finalizar, Isaza propone que, si se desean reducir los efectos colaterales del aumento del salario mínimo, es necesario dejar de indexar ciertos valores de trámites y servicios, entre ellos multas de tránsito o cobros por servicios estatales, que no están correlacionados con el salario mínimo.
