Una regulación que le apueste a la seguridad hídrica y a la economía circular
Con avances importantes en materia de cobertura, pero con grandes desafíos en la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos domiciliarios es, en síntesis, lo que ha sucedido con la Ley 142 de 1994, tras veinticinco años de su implementación. En ese orden de ideas, y ante los retos de seguridad hídrica, economía circular y energías renovables que se ciernen para Colombia, ¿es necesario pensar en nuevas reglas de juego o solo actualizar las normas que ya existen? Sobre esto discutieron expertos de diferentes organismos públicos y privados, entre ellos el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en el foro “25 años de las leyes 142 y 143”, organizado por las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Ingeniería y Ciencias Económicas y Administrativas.
Diego Polanía, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, sostiene que en los ámbitos de acueducto y alcantarillado aún hay brechas importantes entre los sectores rural y urbano, especialmente en desarrollo de infraestructura. En ese sentido, advierte, Colombia ha mostrado grandes desarrollos en cobertura pero aún falta mejorar en calidad. Por ejemplo, en el informe de esa entidad en 2017, se revela que todavía hay municipios que presentan alto riesgo en la prestación del servicio de agua y tratamiento de las mismas. Ello supone que el país tendrá que avanzar, a pasos agigantados, en los próximos 11 años si desea cumplir la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cuanto a cobertura universal con calidad, especialmente en mayor equidad e inclusión, la gestión del riesgo ante el cambio climático y el fortalecimiento institucional de las empresas prestadoras de servicios.
Hugo Palacios
Respecto al servicio de aseo, dice Polanía, Colombia ha tenido una historia exitosa desde hace 25 años, siendo un ejemplo en cuanto a regionalización y aprovechamiento de los residuos. En todo caso, afirma, es necesario generar incentivos reales para fortalecer los procesos de recolección selectiva de residuos.
En segundo lugar, en una reflexión sobre la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos, el exministro de Hacienda y socio de la firma de abogados Palacios Lleras, Hugo Palacios, resaltó que se deben tomar medidas urgentes para garantizar la prestación de servicios eficientes cuando dichas entidades se encuentran en crisis de liquidez o de solvencia. Para ello, tomó como ejemplo los estatutos orgánicos del sistema financiero que garantizan el flujo de capital de los acreedores y clientes para indicar que la manera en la que el sector servicios funcionará adecuadamente es si cuenta con un sistema de financiamiento que permita a las empresas en crisis suministrar los servicios hasta que estas se liquiden.
Camino a la universalización de los servicios públicos, ¿una revolución incompleta?
En su intervención, el ministro de Vivienda asegura que el camino hacia la universalización ha sido incompleto, pues Colombia, en los últimos 25 años, ha pasado de una cobertura cercana al 70% para llegar a cerca del 93% en 2018, pero le hace falta garantizar la eficiencia y la continuidad en la prestación de servicios, en un momento clave en el que se espera que, para el 2030, Colombia sea un país de ingreso alto, situación que, a todas luces, es contradictoria. En ese sentido, recalcó que la normatividad actual requiere de los enfoques diferenciales que se han venido trabajando desde anteriores gobiernos, con el propósito de avanzar en cobertura con calidad por encima del 98%.
Jonathan Malagón
Malagón indicó que las preocupaciones del gobierno se centran en la prestación y la continuidad de los servicios en las zonas rurales y en los barrios informales, donde Colombia está por debajo de los promedios internacionales que son del 80%. Por ejemplo, la cobertura en zonas urbanas es de casi el 98%, pero en zonas rurales tan solo es del 71,5%. La situación es mucho más compleja en los PDET, programas claves en los procesos de restitución y reincorporación de los actores vinculados al conflicto armado y estrategias neurálgicas en el Proceso de Paz, en los que la cobertura es incipiente, pues se encuentra en el 25%.
Panel de expertos conformado por Julián López, Jorge Carrillo, Javier Rozo, Ana Karina Méndez y Julio César Aguilera
Una ley sólida que se debe actualizar
Esta es la conclusión a la que llegaron los expertos que conformaron el panel de discusión del foro. Ana Karina Méndez, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, destacó que la Ley 142 es sólida y fue visionaria en su momento, pero ahora es necesario generar unos marcos legales que brinden seguridad a los diferentes actores que conforman el ciclo del servicio. Agregó que la nueva regulación debe enfocarse menos en lo coercitivo y más en generar cambios en los hábitos de los consumidores.
Julián López, Jorge Carrillo y Javier Rozo
Desde los gremios, el asesor de Andesco y exviceministro de Agua y Saneamiento Básico, Jorge Carrillo, aseguró que las garantías del suministro confiable y accesible del agua deben hacerse pensando en la seguridad hídrica. Afirmó que el Estado se ha quedado corto en la protección de los recursos naturales. Sin embargo, antes de actualizar la Ley 142, es importante entender que este marco normativo sí cuenta con mecanismos para la protección de esta riqueza y la función que tienen las empresas prestadoras de servicios para preservarlos. Lo que falta, agrega, es generar instrumentos de regulación que permitan los incentivos ambientales, entre ellos los de tratamiento de los gases en los rellenos sanitarios.
Diego Polanía
Como contraparte, Javier Rozo, socio de la firma consultora Economía Urbana, invitó a “no ser misioneros ambientales”, sino más bien a tomar decisiones en materia de regulación basadas en evidencia: “la Ley 142 ha permitido acercar las tarifas a los costos”, lo cual, en últimas, redujo el consumo en servicios como el agua, y por ende, generó eficiencia en términos de un menor impacto ambiental. Insistió que el Gobierno nacional debe determinar hasta dónde sube la tarifa en términos de inclusión social, pues lo que ha hecho hasta el momento es añadir valores propios de los impuestos a las tarifas.
Finalmente, Julio César Aguilera, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló que la Ley 142 es una regulación de mercado, desde la cual se desprenden discusiones anacrónicas, entre ellas el imaginario que se teje en torno a las empresas públicas en términos de eficiencia y las privadas como ineficientes, aun cuando, desde la Constitución de 1991, Colombia pasó de ser un Estado prestador de servicios a uno regulador.
