Expertos coinciden en que frenar la represión y hacer una reforma a la Policía darían inicio al diálogo entre Gobierno y manifestantes
De acuerdo con el comunicado publicado por Temblores ONG, a corte del 13 de mayo, se registraron 2110 casos de violencia policial, 362 víctimas de violencia física, 16 víctimas de violencia sexual y 39 víctimas de violencia homicida, desde que inició el Paro Nacional, el pasado 28 de abril, revelando con ello una de las más profundas crisis sociales y políticas que ha vivido el país en su historia reciente. Sobre estos hechos, la Facultad de Ciencias Sociales de Utadeo fue escenario de una conversación virtual de coyuntura, en la que importantes figuras de la academia y de la sociedad civil se dieron cita para hablar sobre lo que está ocurriendo en las calles de todos los rincones del país.
El primero en pronunciarse fue Alejandro Lanz, director de Temblores ONG, al recordar que esta fundación nació desde las movilizaciones de noviembre de 2019, con la firme intención de sistematizar la violencia policial y la represión estatal. Por eso, a través de la plataforma ‘GRITA’, la ciudadanía puede poner en conocimiento los casos de abuso de autoridad por parte de la fuerza pública y recibir atención jurídica, a través de la clínica de justicia POLICARPA.
De acuerdo con Lanz, la violencia policial ha sido sistemática en la protesta social, por lo que destaca que debe hacerse una reforma integral a esa institución: “tristemente, hemos tenido que hacer un llamado a la ciudadanía para que no proteste en la noche, pues es allí donde más casos de violencia policial se han dado y el Estado no puede garantizar el derecho a la vida”.
Ante las cifras que ha logrado compilar la ONG, Lanz destaca que la juventud es uno de los grupos sociales más perseguidos, al tiempo que explica que una de las causas del incremento de la brutalidad policial se da en momento de pandemia, pues el Gobierno le ha dado extrapoderes a la fuerza pública sobre la movilidad y acciones de los ciudadanos en el espacio público. Muestra de ello, denuncia, mientras antes de la pandemia se imponían anualmente cerca de 200.000 comparendos por agresión a la autoridad, durante el tiempo de la emergencia sanitaria se han impuesto 1.200.000 de estas ordenes.
Lanz es enfático en recordar que para lograr un diálogo efectivo entre el Gobierno y los manifestantes es necesario que se dé una suspensión de la represión y se reconozcan, rechacen y sancionen los hechos de violencia policial. Asimismo, destacó que es imperativo que el Gobierno implemente los acuerdos de paz que se firmaron y definir lo que debería ser una renta mínima para las poblaciones más vulnerables.
Alejandro Lanz, director de Temblores ONG
Por su parte, para la politóloga y reconocida académica Sandra Borda, también se evidencia un claro problema de independencia en los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, quienes deberían estar al frente de las mediaciones e investigando los hechos de violencia por parte de la fuerza pública. Dice también que una situación similar la tiene la Fiscalía, al no estar investigando a los funcionarios de Policía envueltos en estos hechos, dada la afinidad que se tiene con el Ejecutivo.
En todo caso, en cuanto a las movilizaciones sociales se refiere, Borda es enfática en recordar que el mensaje que está dejando la ciudadanía ahora es mas claro y evidente que en las manifestaciones del 2019, dadas las problemáticas sociales y económicas que se acrecentaron durante la pandemia.
“La manifestación fue interpretada por el Gobierno como un problema de orden público y no como una demanda de un grupo de ciudadanos”, destacó Borda, al recordar que ahora también las personas protestan contra los desmanes y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
Ante ello, advierte que no se está avanzando en lo más mínimo en llegar a un acuerdo, sino que, por el contrario, se está acentuando la crisis: “es difícil sentarse a negociar cuando hay una política de desmantelamiento de la crisis social”.
En cuanto a los hechos de violencia que han tenido como epicentro a Cali, la profesora de la Universidad de los Andes recordó que esta ciudad ha tenido, durante varios años, una serie de tensiones sociales, económicas y políticas que son más evidentes que en otros lugares del país, sumado a un abandono por parte del Estado a algunos sectores deprimidos de la capital del Valle del Cauca. Así, esta presencia ha sido suplida por grupos ilegales, guerrillas y bandas criminales: “Hay un cortocircuito y un problema de liderazgo civil frente a la fuerza pública (…) El Gobierno se estaba preparando para la reactivación económica, pero no para mejorar los mecanismos de reactivación social”, recalcó.
El diálogo fue moderado por Alejandro Molano, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Utadeo
Desde la orilla de los Derechos Humanos, la profesora Martha Gutiérrez, del Área Académica de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Utadeo, indicó que el Gobierno tiene un discurso de Derechos Humanos hacia adentro y uno diferente hacia afuera: “el presidente no ha querido y ha sido ajeno a pronunciarse directamente sobre el abuso policial”.
A su vez, recordó que, en medio de la pandemia, el país se encuentra ante unos niveles de control y vigilancia que no se veían desde hace ya varios años, incentivados por dar continuidad a los estados de excepción y los toques de queda, sin control ante la propagación del virus.
Para Gutiérrez, la salida a la crisis está en manos del Gobierno, en la medida que los espacios de movilización deberían comenzar a transformarse en otros mecanismos de participación política.
Por último, desde el manejo de la información y lo periodístico, Óscar Durán, profesor del Área Académica de Comunicación Social – Periodismo de Utadeo, presentó las alarmantes cifras de agresiones contra la prensa dadas a conocer por la FLIP, registrándose, en tan solo 15 días de paro, 124 casos con 144 víctimas.
También afirmó que, en las condiciones actuales, los medios de comunicación y el periodismo bien hecho han sido estigmatizados por el Gobierno, acusándolos de colaboradores del terrorismo; también dice que es imposible acceder a la información estatal, que hay limitaciones al acceso a las redes sociales en algunos lugares del país, y una censura a los contenidos de alto impacto público, que se suma a la que ya existe por los actores que poseen el poder económico, al utilizar la pauta publicitaria como mecanismo para silenciar a la prensa.
Según Durán, los movimientos que se han gestado al sur del país son de procedencia juvenil, debido a la situación social que enfrentan estos grupos en la región, en la que solo tienen como opción pertenecer a la fuerza pública o a un grupo ilegal: “el joven ha encontrado en la marcha esa furia de darse a escuchar”, por lo que resaltó que la única salida es vinculando a estos ciudadanos a la educación superior y, por supuesto, sentarse a dialogar con ellos en sus territorios.
