Periodistas y líderes de la oposición han sido víctimas de interceptaciones ilegales, perfilamientos y violaciones a la privacidad en los últimos años. Recientemente, el escándalo de las "Carpetas Secretas" revelado por la Revista Semana, puso en evidencia que las "Chuzadas" no son un tema del pasado y ahora los focos de atención se centran en el Ejército Nacional.
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Desde 2003 nos escuchan
Colombia está regida bajo la Constitución Política de 1991. Con esta se inició un proceso de participación ciudadana y, más específicamente, un nuevo marco democrático apoyado en el reconocimiento legal de los derechos fundamentales para todos los colombianos, o al menos ese es el discurso que usan varios dirigentes. Sin embargo, desde 1991 y hasta hoy en día, Colombia sufre una constante y sistematica violación de derechos humanos, en los que la privacidad es uno de los más afectados.
El Artículo 15 de la Constitución sotiene que “[...]Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables.[...]”.
Aun teniendo estipulado este derecho en la Constitución, en Colombia han existido varios escándalos de interceptaciones, iniciando con el famoso caso del “Proceso 8.000” en 1995, del cual se derivaron una serie de grabaciones en contra del presidente de turno, Ernesto Samper, por un hecho de financiación de su campaña electoral a manos del Cartel de Cali. Aunque este proceso está dentro de las normas desde 2013, pues según la Ley Estatutaria 1621 del mismo año o también conocida como Ley de Inteligencia y Contrainteligencia “la interceptación de conversaciones privadas telefónicas móviles o fijas, así como de las comunicaciones privadas de datos, deberán someterse a los requisitos establecidos en el Artículo 15 de la Constitución (derecho a la intimidad) y al Código de Procedimiento Penal y solo podrán llevarse a cabo en el marco de procedimientos judiciales”, el tema no deja de ser polémico.
Pero el Proceso 8.000 no fue la razón o causa de la creación de esta Ley, sino los dos casos de interceptaciones que surgieron durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. El primero, dado a conocer el 13 de mayo de 2007, cuando la Revista Semana publicó que en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol) se promovían chuzadas, denominadas así por la revista y reconocidas hasta el día de hoy por los seguimientos ilegales hechos a periodistas, miembros de la oposición e integrantes de la Fuerza Pública. Ese mismo año, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, públicamente aseguró que esos procedimientos eran “inaceptables, ilegales y contrarios a las políticas del Gobierno”.
Sin embargo, este acontecimiento quedó un poco en el olvido y dos años después ya se estaba denunciando el escánadalo de “las chuzadas del DAS”, en el que los funcionarios de este Departamento Administrativo de Seguridad interceptaron de forma ilegal a periodistas, opositores al gobierno de Uribe, líderes sociales, congresistas y magistrados, de hecho, existen denuncias y condenas por asesinatos y amenazas a sindicalistas y académicos que fueron objeto de señalamientos y montajes. Al concluir las investigaciones, se dio a conocer que estos procedimientos ilegales habían comenzado en 2003 por un grupo de inteligencia de esta extinta entidad denominado G-3, pero no fue sino hasta el 21 de febrero de 2007 que nuevamente la revista Semana sacó a la luz el nuevo escándalo. Es así como en 2011 el presidente de turno, Juan Manuel Santos, suprimió al DAS y le dio paso a la Agencia Nacional de Inteligencia.
Igualmente, es por eso que en 2013 se creó la Ley de Inteligencia mencionada anteriormente. Por medio de ella, nace una comisión de ocho congresistas para ejercer control y evitar que se repitan sucesos similares, pero un año después el país conoció el caso “Andrómeda”, que apareció luego de que la Revista Semana denunciara que en el barrio Galerias de Bogotá, se tenía ubicada una Central de Inteligencia Militar dedicada a hacer escuchas ilegales de algunos negociadores del gobierno con las antiguas Farc en el anunciado Proceso de Paz, en este caso detuvieron al hacker Andrés Sepúlveda y está enmarcado como el mayor logro de la Fiscalía General de la Nación en este tipo de procesos.
Jose Miguel Narváez, exdirector del DAS, judicializado por las interceptaciones ilegales ejecutadas por este organismo. Fotografía de archivo Revista Semana.
“Las Carpetas Secretas”
Cada 1 de mayo, a nivel internacional, se conmemora el Día del Trabajo, por lo que en Colombia es un día festivo. Para el año 2020 unos colombianos se encontraban saliendo de su casa, otros ya iban camino al trabajo, varios dormían porque era su día de descanso y unos cuantos más se preparaban para viajar, mientras en la sala de redacción de la Revista Semana estaba pronto a salir un nuevo escándalo de interceptaciones ilegales que cambió la perspectiva de lo sucedido el 27 de diciembre de 2019, cuando el presidente Iván Duque anunció a los ciudadanos el retiro del entonces jefe del Ejército Nacional, Nicacio Martínez, por motivos “personales”.
En la pieza periodística se revelaba cómo el excomandante del Ejército Nacional ordenó perfilamientos ilegales a políticos, periodistas, magistrados y analistas. A decir verdad, es un hecho que no extrañó a muchas personas, pues el año en que Nicacio comandó el Ejército, estuvo envuelto en escándalos de corrupción, de vulneración de derechos humanos y se le sumó la orden que dio para esas interceptaciones. Según la Revista Semana, desde febrero hasta los primeros días del mes de diciembre de 2019, 130 personas fueron perfiladas, allí había periodistas nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, políticos opositores y medios de comunicación. En estas misiones utilizaron computadoras y herramientas de software para buscar y recopilar información sobre los "objetivos", para preparar informes de inteligencia militar. Estas carpetas incluyen números de teléfono, direcciones de casa y trabajo, correos electrónicos, contactos de amigos, familiares, colegas, infracciones de tránsito e incluso sitios de votación.
Estas perfilaciones se dividieron en dos listas: una que fue publicada el 1 de mayo de 2020 y la segunda emitida el 11 de junio del mismo año. En esas listas aparecían Sandra Soto; periodista del portal digital SuVersión.com, Antonio Sanguino; senador de la República por el partido Verde, Piero Silva; fotoperiodista, y Alexander Macías; periodista del periódico El Colombiano. Ellos fueron algunos de los políticos y periodistas que fueron blanco de estos “Trabajos especiales” y “perfilamientos”, como los denominaban los militares del Ejército Nacional. Se conoce que la mayor parte de estas interceptaciones se ejecutaron con recursos que suministraban agencias de inteligencia estadounidenses, con dinero que había sido recaudado y donado con la finalidad de atender labores de inteligencia y seguimiento para combatir el narcotráfico en Colombia y con los que también se hicieron interceptaciones a ciudadanos del país norteamericano, especialmente a periodistas, una cuestión que terminó con un pronunciamiento del senador de los Estado Unidos Patrick Leahy: "El dinero de los contribuyentes de Estados Unidos nunca debe servir para actividades ilegales, mucho menos para violar derechos de ciudadanos norteamericanos”.
Las cortinas de humo
Con posterioridad a la publicación de la Revista Semana, sobre los perfilamientos y la información recaudada por el Ejército de manera ilegal, varias fundaciones, organizaciones y agremiaciones de medios locales, nacionales e internacionales, manifestaron su preocupación e inconformidad, elaborando reportes grupales y denuncias ante las diferentes instituciones de control con el fin de dar continuidad a los procesos de investigación y, más allá de conocer qué tipo de información habían obtenido con las perfilaciones, los afectados deseaban conocer la intencionalidad de los perfilamientos de los que habían sido objeto durante los años 2019 y 2020.
Varias figuras militares se manifestaron ante los medios de comunicación, afirmando que la información recolectada no era ilegal, ya que provenía de fuentes abiertas y de búsquedas digitales, información aparentemente pública; sin embargo, el gremio de periodistas y personas afectadas por las interceptaciones declaró que al ser sistemático y concentrado en un sector de la información, los perfilamientos y “trabajos especiales” cumplian con una función o un objetivo que claramente afectaba el ejercicio de la labor periodística.
Estas son las historias tras algunos de los perfilamientos ejecutados por el Ejército; cada uno de ellos denota algunas de las características que, probablemente, los hicieron objeto de los “perfilamientos”.
La voz del Casanare
En el informe Desafíos del periodismo en Colombia, ¿cómo acercar la agenda regional a la nacional? de CONNECTAS, la iniciativa periodística que promueve el intercambio de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas, se afirma que: “El periodismo en las regiones de Colombia enfrenta dificultades de diversas índoles, a esto se le suma el centralismo de la información que obedece a una dinámica similar que la de las políticas públicas.” Esta es una de las tantas motivaciones de Sandra Paola Soto, la directora de los medios de comunicación SuVersion.com y la Voz del Casanare, para hacer un periodismo distinto y poder dar acceso a la ciudadanía a otro punto de vista, pues muchos creen que: “Los comunicadores de región tenemos que repetir como loros lo que digan las instituciones, y no debe ser así”, asegura Soto.
Sandra Paola Soto, perfilada por el Ejército, periodista del medio digital regional del Casanare en Colombia Suversión.com Fotografía de archivo personal en Twitter.
Por eso, el 10 de abril de 2019 se publicó en el canal de YouTube, SuVersion Yopal, el video titulado: 1Era parte entrevista de alias Antonio Medina comandante frente 28 de las FARC-EP (Sic), trabajo periodístico realizado por Sandra que trajo consigo una serie de señalamientos por parte de la comunidad y de los medios de comunicación, como ella misma lo señala: “Hasta algunos colegas de la competencia me tildaron de guerrillera, para demeritar mi trabajo”. La periodista, al querer contar otra versión de lo que se vive del conflicto armado en la región, empezó a sentir el acoso por parte de organismos del Estado como la Policía y el Ejército Nacional, pues estos pensaron que ella era el camino para llegar al comandante del Frente 28º de las disidencias de las Farc, vulnerando su derecho a la libertad de prensa, aunque en muchas ocasiones haya dejado claro que simplemente cumple con su trabajo y siempre bajo la legalidad.
En 2020 comenzó con el escándalo de las carpetas secretas del Ejército, y Sandra vio el acontecimiento como algo lejano, algo que solo le pasa a periodistas nacionales, a periodistas reconocidos, no a periodistas de regiones apartadas; pero el 10 de junio fue contactada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quienes le confirmaron que también hacía parte de los perfilados que salieron en la segunda lista dada por la Procuraduría General de la Nación, comunicado que fue emitido el 12 de julio. Hasta el momento, Soto no ha tenido acceso a la información o a las carpetas que tienen de ella, solo le ofrecieron una unidad de protección, que prefirió no aceptar ,pues “con un policía a mi lado me sentía más frustrada para realizar mi trabajo. Ahora me tengo que cuidar es del Estado”, dice la periodista.
Sin embargo, Sandra no cambió su manera de hacer periodismo, “todavía sabiendo que quien piensa diferente en la historia, lo mataban”, añade con toda resignación. Ella sigue entendiendo que ninguno de los actores del conflicto armado son aliados, sino simplemente fuentes de información, incluyendo a la Policía y el Ejército, y que los medios de comunicación están para la comunidad y no para los políticos de turno.
Ni la última, ni la primera
Antonio Eresmid Sanguino Páez, senador de la república de Colombia por el Partido Verde y precandidato presidencial para las elecciones de 2022, no es la primera vez que el Estado lo intercepta o lo “Chuza”, como él mismo afirma, pues la persecución para él, su círculo cercano y su familia se viene presentando desde el año 2002, cuando existía el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para entonces, pertenecía como director a una organización no gubernamental llamada Corporación Nuevo Arcoíris, en el que se discutían temas relacionados con la defensa de los derechos humanos y paz: ”Supongo que ese tipo de proyectos les generó suspicacia y les pareció razón suficiente para que nos interceptaran en aquel entonces ”, afirma Antonio mientras rememora el episodio.
Antonio Sanguino, en su tapabocas tiene la cifra revelada por la JEP, en referencia al número de víctimas por los denominados Falsos Positivos. Fotografía de archivo personal.
El senador no fue el único objetivo de las interceptaciones, pues para esta ocasión, de la lista de afectados hicieron parte periodistas, políticos, activistas y líderes de oposición. Sanguino consideraba este episodio como una cuestión que no volvería a repetirse, sin embargo, sus pensamientos dejaron de ser los mismos cuando Iván Duque asumió el rol de presidente de la República, pues, según él: “Recién empezó este gobierno, sabíamos que estábamos siendo objetivos de labores de espionaje”. El senador tuvo la oportunidad de obtener esa información gracias a unos agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes le advirtieron sobre interceptaciones y perfilamientos. Sin embargo, solo tuvo la oportunidad de confirmar esta información de primera mano hasta el 5 de mayo de 2020, cuando se enteró de que, tanto él como sus colegas de trabajo, Iván Cepeda y Roy Barreras, eran objeto de nuevos perfilamientos por parte de miembros del Ejército en el año 2020, gracias a la Revista Semana.
Esta noticia no tomó por sorpresa a Antonio, pues no era la primera vez que el Estado le interceptaba, pero sí le permitía saber que, producto de las interceptaciones, esta vez su familia sería víctima de montajes para disminuir su capacidad de impacto en la ciudadanía. Estas campañas de desprestigio en redes y demás hechos difamatorios hacían parte del prontuario de hechos de los que serían víctimas él y sus colegas, una razón que le motivó a interponer e informar a las diferentes instituciones de seguridad y justicia del Estado colombiano. A su vez, extendió sus denuncias a la Presidencia de la República y organismos internacionales con el fin de castigar este tipo de ataques.
Desde entonces, le preocupan las consecuencias para Colombia, pues el medio de comunicación dió a conocer que parte de los equipos de interceptación obtenidos por la Corte Suprema de Justicia, hacían parte de una lista de compras realizadas por el Ejército con presupuesto donado por organizaciones de inteligencia norteamericanas, que apoyaban al país en la erradicación de cultivos y la disminución del narcotráfico.
Antonio Sanguino firmando la Ley 6402 de víctimas ante el Congreso de la República. Fotografía de archivo personal.
Sanguino pertenece al grupo de congresistas que ejerce oposición al gobierno de Iván Duque. Desde su posesión como senador pertenece a la Comisión Segunda del Senado, en donde precisamente trata temas relacionados con la seguridad nacional y el control político, entre otras funciones relacionadas. Es por esa razón que considera que este suceso, sin duda, es un precedente de Colombia ante el mundo, que podría afectar la disposición de algunos países en relación con las ayudas y las alianzas de cooperación para la erradicación de cultivos y el narcotráfico, una problemática que según Sanguino requiere mucho de las ayudas internacionales. El senador además relata que algunos de los canales por los cuales se ejecutó su perfilamiento, en particular, fueron interceptaciones a su celular con operaciones de llamada y WhatsApp, pero además de ello, lo perseguían en las calles para hacer seguimientos.
Labrado en Colombia
Piero Silva, cuyo origen no es claro, pues hace más de 20 años que salió de su casa, se hizo fotoperiodista en Colombia con la intención de querer contar historias de lo que realmente es el conflicto armado de Colombia, pues por donde iba solo se conocía este conflicto como una guerra entre el Estado y las guerrillas, sin mencionar los otros actores que también hacían parte. Su labor inició aproximadamente en 1989, asistiendo a las marchas en Bogotá, al campamento del M-19, ubicado en la vereda Santo Domingo del corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribio, Cauca, donde se desarrollaron los diálogos de paz de este grupo con el Estado. También estuvo haciendo presencia en el entierro de precandidato Luis Carlos Galán, y desde ese momento considera que fue blanco de los organismos del Estado, pues fue capturado en el departamento del Valle por salir corriendo tras el ruido de una explosión a manos del cartel de Cali y haber llegado antes que la policía al lugar de los hechos para tomar una foto.
Mucho tiempo después, en 2007, Piero regresó a Colombia para quedarse, realizó un reportaje con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y “yo entré primera vez en la mira de las autoridades colombianas, realmente en el 2008”, explica Silva, pues por esos días estaba pronto a producir, junto a otros colegas, un documental de una escuela de francotiradores del ELN, sin embargo, en el Valle del Cauca se efectuó al mismo tiempo una huelga de trabajadores, razón por la que Piero decidió trasladarse hasta allá con su equipo de trabajo.
Luego de haber capturado el momento con sus lentes fotográficos, el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) los estaba esperando afuera para capturarlos y trasladarlos a Bogotá en carros civiles, un hecho que terminó en la expulsión del país de dos periodistas de los tres que iban, por hacer periodismo con visa de turista; y al restante, lo tuvieron que soltar porque no estaba haciendo nada ilegal. Aunque a nivel nacional el entonces presidente Alvaro Uribe Vélez y Fabio Valencia, entonces ministro del Interior, usaron como cortina de humo la falacia de que ellos eran transportadores de armas de la guerrilla para entregarlas a los trabajadores de los cultivos de caña, “cosa que no es verdad, porque no nos hubiesen dejado en libertad si así fuera”, comenta Silva.
Sus trabajos posteriores no se alejaron a esta linealidad de querer contar con otra perspectiva el conflicto armado, como fue el caso de las fotografías que hizo en el momento donde un grupo de policías del ESMAD estaba corriendo a indigenas con machetes en sus manos o cuando presenció el hecho de unos policías asesinando a un joven indígena. Todo esto terminó en un sentimiento de paranoia, pues él pensaba que le estaban haciendo una persecución administrativa, y cuando se enteró de que su nombre estaba en la segunda lista de los perfilados por el Ejército, “casi me tranquilicé, bueno no era loco yo, sentía que me estaban molestando, y sí, de alguna forma lo tomé como una manera de reconocimiento profesional… Si alguna entidad del Estado no me ha estado reconociendo como periodista, el Ejército sí lo estaba haciendo”, concluye Silva.
El fotoperiodista se siente tranquilo, pues dice que los periodistas internacionales tienen más garantías que los mismos nacionales, pues “no nos llegan a matar, ya que esto sería contraproductivo. Si asesinan a un periodista nacional a veces ni es noticia o solo de un dia o una semana, y al final se les olvida, pero si matan a alguien de afuera entraría toda una investigación, iniciando por la embajada, y sería contraproductivo al final”, deduce Silva.
“Mi trabajo me llevó a que ellos me siguieran la pista”
Los perfilamientos, para Javier Alexander Macíaas, editor del área de actualidad del periódico El Colombiano de Medellín, no eran una cuestión ajena a su labor; es por esa razón que cuando la Revista Semana reveló el especial sobre las carpetas secretas y las interceptaciones realizadas por miembros de las fuerzas militares, muchos de los medios de comunicación más importantes del país dedicaron algunos de sus esfuerzos y agendas al cubrimiento de este suceso con productos periodísticos, que fueron alimentados por los testimonios de quienes, para entonces, hacían parte de la lista de perfilados revelada por dicho medio de comunicación. Fue así como Alexander, o "Macías", como prefiere que lo llamen en el medio, hizo parte del equipo de periodistas de El Colombiano, que decidió dar voz a diez de estas personalidades para relatar la manera en la que se habían enterado sobre los perfilamientos y las posibles razones que los habían hecho objeto de las interceptaciones ilegales.
Hasta entonces desconocía que él hacía parte de la lista de perfilados y publicó el viernes 3 de mayo de 2020, una nota para el medio titulada “Perfilar periodistas, un ataque a la libertad de prensa que persiste”. La casualidad hizo que dicho día se conmemorara una aniversario más por la lucha en pro de la libertad de prensa, y en la nota revelaba algunas de las voces más estratégicas sobre el proceso y la manera en la cual habían sucedido los hechos, según su labor de reportería. Pasaron solo dos días después de su publicación y el día domingo 5 de mayo, en horas de la tarde, una de las fuentes que contactó para la elaboración de la nota, se comunicó con él para manifestarle que él aparecía como sujeto de perfilaciones en una nueva lista de interceptados revelada por la Procuraduría General de la Nación; la noticia lo tomó por sorpresa y algunas de las preguntas que rondaban su cabeza eran: “¿Por qué a mí? ¿Desde cuándo? ¿Qué están buscando?”.
Javier Macías y Ferney Arias, periodistas del medio de comunicación “El colombiano”, ganadores del premio Simón Bolívar de periodismo. Fotografía de archivo del periódico El Colombiano.
Alexander logró acceder al informe sobre el perfilamiento del que había sido víctima, ese mismo domingo en la tarde, después de que se revelara. En ese momento comprobó lo que hasta entonces, para él, no era una realidad: su nombre en el informe y algunas características sobre el perfilamiento espeificaban quién había ordenado su perfilamiento y qué tipo de información habían recolectado sobre sus comunicaciones y rutinas de trabajo. Alexander, con posterioridad a conocer los detalles del informe, decidió informar a su macro editor sobre la situación, y producto de ello, El Colombiano procedió con una labor de acompañamiento, asesoramiento y protección al periodista, pues en ocasiones anteriores, por cuestiones de la labor, habían sido sujetos de amenazas él y su fotógrafo, por parte de personalidades del Urabá antioqueño, mientras cubrían una labor de reportería relacionada con restitución de tierras en la zona; un hecho que había permitido al medio determinar un manual de actuación frente a este tipo de sucesos.
Macias ha laborado para El Colombiano por más de cinco años, ejecutando labores de reportería de campo y redacción de productos periodísticos sobre el conflicto armado, desde las voces de los involucrados; una cuestión que implica que esté en constante trabajo de campo y, sobre todo, que realice labores de entrevistas con personalidades pertenecientes a grupos subversivos, víctimas, líderes políticos y de seguridad, relacionados con el tema. Según Macías, el hecho que detonó que su nombre fuera parte de la lista de perfilamientos guarda relación con “Un cúmulo de trabajos sobre conflicto”, como él lo define, pero más allá de eso, hace hincapié en su denuncia ante organismos de comunicación colombianos y redes internacionales sobre el uso de cuatro fotografías acerca de la aparente presencia de grupos armados en Venezuela, en un informe que el presidente de la república Iván Duque reveló ante la ONU en septiembre de 2019, denunciando la presencia de grupos armados en el país vecino. Fue él quien identificó, dentro del dossier, una fotografía que había tomado él para un especial sobre reclutamiento de menores en Colombia, más específicamente, en el Cauca, por lo tanto, las fotografías le pertenecían a su equipo de trabajo y él tenía pleno conocimiento sobre el origen de las mismas, hecho que le llevó a denunciar con completa legitimidad y pruebas el error que cometió el mandatario ante la Organización de las Naciones Unidas.
El hecho no solo se tradujo en la denuncia sobre la falsedad del informe, pues de manera sistemática, colegas, entre periodistas y fotógrafos, denunciaron que había más fotografías dentro del informe presentado a la ONU que no respondían a la verdad, por el contrario, hacían parte de labores de reportería y especiales periodísticos realizados en Colombia. Las acciones de revelación del origen de las fotografías culminaron en el testimonio de un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien era el autor de algunas de las fotos presentadas en el informe, una labor periodística liderada por Alexander que le permitió ser merecedor del premio de periodismo Simón Bolívar en el año 2020.
Con posterioridad a este y otros trabajos, Macíaas fue citado varias veces a dialogar con miembros de la cúpula militar, en las denominadas “salas de crisis”, en donde manifestó siempre que hablaría con completa reserva sobre sus fuentes, hecho que no fue del agrado de los convocantes. El periodista considera que esta condición de diálogo determinó que fuera parte de los perfilamientos e interceptaciones, y que, con posterioridad a los informes revelados por Semana, la FLIP y otras organizaciones de periodistas fueran víctimas de persecuciones y hostigamientos en su contra. Estas situaciones pusieron en juego la vida de su familia más cercana, como su esposa, sus hermanos y su madre, quienes en repetidas ocasiones le sugirieron solicitar un asilo político en el exterior, producto de los seguimientos a su vivienda, trabajo y dinámicas de rutina diarias, que ponían en juego la seguridad de su familia; pero, más allá de ello, tenían su salud mental en mal estado, pues según Alexander, era tanta la preocupación “que pasaba noches enteras sentado o de pie frente a la ventana, alerta a cualquier tipo de ruido o anomalía que se presentara”, un hecho que demuestra claramente una crisis de ansiedad y neuroticismo producto de los hostigamientos de los que fue víctima. No era para menos, pues también vivió persecuciones en carretera, donde se encontraban involucrados sujetos con identificación militar, según pudo comprobar.
Por la libertad de prensa
Tras este escándalo de las chuzadas por el Ejército, varias organizaciones como la FLIP pusieron todo su equipo de trabajo a disposición de las personas que salieron en las listas para iniciar un proceso judicial. “Nosotros, en primer lugar, lo que hicimos fue enviar una carta pública a la cual se sumaron varios de los periodistas que habían sido víctimas”, cuenta Ángela Caro, abogada de la FLIP. Esto, con el fin de obtener una respuesta por parte del Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República ante los perfilamientos; también solicitando al Ejército Nacional que les entregaran la información que ellos tenían en su poder sobre las personas que interceptaron, pero “no ha existido una respuesta coordinada a nivel estatal frente a este episodio de perfilamientos”, sostiene Caro.
Ángela Caro Montenegro, abogada de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Fotografía de archivo personal en Twitter.
Finalmente, este es un proceso que aún no ha terminado y pareciera que tampoco ha iniciado. La FLIP envió varios derechos de petición, en los que la respuesta siempre fue la remisión a otras entidades competentes al interior del Ejército, no una solución definitiva a sus inquietudes. Allí se encontraron con otra piedra en el camino: “Por ser temas relacionados con seguridad nacional, el Ejército nos ha impuesto la reserva a mucha de la información para el caso”, aclara la abogada.
Las perfilaciones e interceptaciones por parte del Estado hacia periodistas, líderes políticos y de oposición no han sido un limitante para que sigan haciendo ejercicio de sus labores, alrededor de temas como la defensa de los derechos humanos, las denuncias por corrupción, el cubrimiento del conflicto armado e incluso la desmitificación de noticias falsas. Estas labores parecen incomodar a quienes se encuentran involucrados, por eso, hay quienes deciden hacer uso de las herramientas e instituciones encargadas de la protección de los ciudadanos, para ejecutar labores indebidas y de persecución. Si bien, estas acciones no han erradicado la labor periodística de Sandra, Piero y Alexander, ni el trabajo político de Antonio Sanguino, es importante reconocer que las consecuencias directas han afectado su integridad y la de sus familias. De manera que estos perfilamientos entorpecen profundamente la libertad de prensa y la tranquilidad de quienes se oponen o denuncian temas que incomodan a los poderosos.
Tweet del medio de comunicación Cuestión Pública sobre perfilamientos a periodistas en el año 2020. Fotografía de Twitter