Una nueva generación de cultivadores y raspachines de coca está publicando en redes sociales contenidos en video relacionados con su trabajo, estigmatizado por años. Los campos con cultivos, los laboratorios e incluso las rutas de salida del narcotráfico son temas de los que hablan en lo virtual mientras en los territorios los grupos armados ejercen fuertes controles en la vida cotidiana.
“No diga mi nombre que a mí me da duro es pensar en que yo pierda mi cuenta”, asegura Marcela*. Hace dos años abrió su cuenta de TikTok que hoy reúne más de 10 mil seguidores. El primer video que está anclado en su perfil, que tiene más de 11 mil reproducciones, la muestra a ella haciendo lipsync (sincronizando los labios con lo que se está reproduciendo) de La Mula, uno de los narcocorridos más populares del grupo colombiano Óscar Escobar y Sus Explosivos del Norte y, también, uno de los más famosos en el Caquetá, donde vive Marcela.
Su segundo video en TikTok supera las 900 mil reproducciones y los 25 mil me gusta, números muy altos para contenidos en redes sociales, sobre todo para temas que no están necesariamente diseñados para volverse virales (como sí ocurriría con creadores como Chabe, una tiktoker bogotana que tiene un promedio de 300 mil reproducciones por video. O el creador EstiwarG, que tiene un promedio de 600 mil reproducciones). El video de Marcela muestra montañas plagadas de un cultivo espeso de varias tonalidades de verdes: matas de poca altura que se extienden por metros y metros.
Son cultivos de coca, los mismos que, hasta hace no mucho, se ocultaban por miedo a las autoridades para evitar las fumigaciones aéreas y terrestres con glifosato. Esos cultivos están en zonas donde los grupos armados ilegales mandan y buscan ejercer su control sobre la población.
Los videos, que empezaron a aparecer desde la pandemia y siguen surgiendo hasta hoy, muestran a personas jóvenes en camino a los cultivos, recogiendo las hojas o sembrando las plantas. Otros muestran a esas mismas personas regando las hojas en el suelo de un laboratorio, lleno de barriles azules o negros y construido con palos delgados como estacas y un plástico grueso para el techo. Allí muestran cómo procesan las hojas de coca para transformarlas en la pasta que después saldrá del país y se convertirá en cocaína.
Son videos en TikTok con millones de vistas, además de grupos en Facebook y algunos perfiles en X (antes Twitter), que muestran la cotidianidad en los cultivos de la que, producto de mensajes estatales, fue conocida como “la mata que mata”, una frase que se hizo común luego de una campaña de la Dirección Nacional de Estupefacientes emitida desde 2008. La campaña, que hoy hace parte del inconsciente colectivo colombiano, fue prohibida en 2010 por la Corte Constitucional cuando Fabiola Piñacué, indígena Nasa representante de Coca Nasa y promotora del cultivo de coca para usos medicinales y alimenticios, demostrara que la planta tiene un valor ritual y ancestral para las comunidades indígenas del país.
Las cuentas en redes sociales muestran los laboratorios que antes sólo se podían ver en las noticias cuando se anunciaba una nueva incautación o destrucción de cultivos. E incluso aparecen algunas cuentas, esas sí con menos seguidores, en las que se describen las rutas de salida de la pasta de coca en el país, como pudimos comprobar tras revisar contenidos en las redes.
Marcela* tiene en TikTok una de las cuentas con mayor número de seguidores. Cuando se busca la palabra “coca” en el buscador de la plataforma, cientos de videos aparecen, pero son muy pocas las cuentas que realmente tienen más de 100 o 200 seguidores.
Esta joven empezó a publicar contenido a principios de 2022. Tiene 19 años, es una de las pocas que muestra su rostro y por eso se considera una “influencer cocalera”. Hace parte de la nueva generación de cocaleros en Colombia. La misma generación que, desde que inició la pandemia, empezó a utilizar las redes sociales, tanto las públicas como las privadas —con grupos en WhatsApp y en Telegram— para comercializar, ofrecer o pedir empleo en los cultivos, negociar el valor de los insumos y, en algunas regiones, incluso establecer el precio base de la pasta de coca.
“Estos contenidos, los de mayor alcance, como los videos de TikTok, son lo suficientemente generales para no generar problemas. Es decir, por lo general no especifican ni una región, ni tampoco hablan concretamente de un lugar que individualice a la persona o haga fácil ir a buscarla ni para las autoridades, ni tampoco para los grupos armados”, asegura Kyle Johnson, investigador de la Fundación CORE (Conflict Responses), que estudia el conflicto armado colombiano. “Pero además hay una generación que ya no ve los cultivos con la criminalización con la que sí se veían en el pasado. Ya lo entienden como parte de una cotidianidad y el uso de las redes es una respuesta natural a esta visión”, explica.
Control de los grupos armados y escape en las redes
La pandemia también se convirtió en un momento que propició cambios para los cultivos de coca, su procesamiento en pasta y la salida del producto del país. Con las limitaciones en el transporte, tanto cultivadores como los grupos armados que controlan el negocio, acudieron a las redes sociales para implementar nuevas estrategias y así mantener las comunicación. En algunas zonas del país, incluso el precio base de los insumos y de la pasta de coca empezó a ser negociado por Telegram y WhatsApp.
“Siento que aunque la pandemia fue el detonante, es extraño que no haya sucedido incluso antes”, señala Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group en Colombia. Para Dickinson, el uso de las redes se convierte en algo natural, como en cualquier otro negocio. Para los cocaleros también se han convertido en parte del panorama.
“Lo que hemos visto en los últimos años es que en los mercados agrícolas el uso de redes se ha hecho esencial para el flujo de todos los insumos, las rutas de transporte, los precios de base y venta, y demás. Ese manejo se ha naturalizado también por el aumento de la cobertura de la red” (de telefonía e internet), señala Dickinson. “Acá sobre lo que sí debemos poner los ojos es sobre el control que buscan hacer los grupos armados, pues sabemos que en buena medida lo que motiva el recrudecimiento de los actos armados está en ese control. Sabemos de casos en los que un grupo armado entra con los brazaletes de otro a un territorio determinado para saber si allí los campesinos les están vendiendo producción de coca. Sólo con eso ya los señalan y eso se convierte en un problema para los campesinos”, añade.
Esto es algo que Johnson también encuentra problemático. Asegura que en muchas zonas los grupos armados han intentado hacer un control que involucra, incluso, los celulares de los campesinos: “Hay zonas en las que son ellos los que determinan qué se puede o debe publicar. Incluso, determinan quién puede tener celulares, o no. Pero, aunque los grupos traten de controlar los celulares de la gente en muchos lugares, al final es muy difícil que logren hacerlo a plenitud. Por eso los videos que vemos son tan generales y eso ayuda a que sea más sencillo que se pueda mover el contenido sin tanto problema”.
Por eso, explica Marcela, ella nunca dice en dónde está, ni con quiénes trabaja. Incluso, cuando en los comentarios de sus videos le han pedido que ayude en otras zonas, “porque mis matas son muy fuertes y lindas”, se ha negado. “Usted igual y tiene que ser desconfiada porque uno no sabe quién le está hablando desde el otro lado. Uno publica el video y yo he llegado a dar consejos por ahí, pero nada más de que venga y me ayuda porque eso es para problemas”, asegura.
¿Por qué las plataformas no censuran el contenido?
Lo que realmente preocupa a Marcela es perder a sus seguidores: “Yo me he dedicado mucho a esa cuenta y yo ya he visto otras que las cierran porque la gente se pone a denunciarlas y yo no quiero que eso me pase a mí también. Uno se demora mientras le llega gente como para que de un momento para el otro uno pierda todo”, asegura.
Valentina Ortega, abogada e investigadora de Linterna Verde, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para fortalecer la acción de la sociedad civil en el debate público digital, ha encontrado que este tipo de publicaciones no solo tienen un engagement elevado en las plataformas, que pocas veces es castigado, sino que, también, permite que los usuarios interactúen en búsqueda de empleo y que, incluso, otros usuarios lleguen a ofrecerles trabajo para cultivar o procesar coca.
Pero, con todo esto, Ortega señala que las plataformas no están necesariamente en la obligación de prohibir ni penalizar el contenido. De hecho, para que dejara de circular, requeriría que los gobiernos locales solicitaran a las plataformas que lo penalizara. “Pero son las plataformas las que deciden si quieren cooperar, o no, con los gobiernos locales. Ellas deben regirse bajo leyes internacionales, pero no necesariamente bajo las locales. Acá en algunos casos podría utilizarse las leyes que rigen el antiterrorismo, pero eso no contempla necesariamente a los cultivos”, señala Ortega.
“Las plataformas han tenido que adaptarse a las diversas cosas que las personas publican en redes y eso ha llevado a que creen normas que son muy específicas. Que, además, para ellos son fáciles de crear respecto, por ejemplo, a las normas creadas por el Congreso o los gobiernos del mundo”, señala Luisa Isaza, consultora en temas de libertad de expresión e internet en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Asegura que justo este proceso lo han ido construyendo de acuerdo a las tendencias que encuentran dentro de su propia plataforma, lo que lleva a que en algunos casos no tengan normas tan exactas. Eso también lleva a que “la regulación sea muy difícil, y hay usuarios que están usando diversas técnicas para evadir las posibles censuras que, a su vez, son contextuales”, explica.
A esto es importante sumar otro elemento. Desde Linterna Verde, Valentina Ortega asegura que el aumento de los cultivos ilícitos en el país puede estar permitiendo la normalización y el cambio de las percepciones. “Entre más exista algo en el mundo material, más crecerá también en las redes sociales, como es natural. Esto también se ha nutrido por el aumento en el cubrimiento de la conectividad de internet en distintas zonas del país. Es un acceso que crea una consecuencia inmediata que es que las personas quieran compartir su entorno cotidiano”, dice.
Durante 2020 y 2021, los años de la pandemia, Colombia registró un aumento del 43 % en cultivos de uso ilícito que se concentraron en Nariño, Norte de Santander y Putumayo de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC). Al mismo tiempo, la conectividad del país aumentó, como lo señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con base en cifras del DANE. “El impacto de la COVID-19 permitió un aumento en la penetración de Internet en el país y se convirtió en una oportunidad para la conectividad de detonar la inclusión digital, especialmente para zonas rurales”.
Los datos muestran que en el 2019 el 51,9 % de hogares en Colombia contaban con conexión a Internet y para el 2021, la cifra subió a 60,5 %, aunque aún existe una brecha entre zonas urbanas y rurales, donde las cabeceras para el 2021 alcanzaron un cubrimiento del 70 % de los hogares, mientras que en las zonas rurales fue del 28,8 %.
Tanto para Dickinson como para Johnson, el avance de la tecnología y cobertura de red han terminado por dar las herramientas a una nueva generación que ya no ve como problemático ser cocalero. Y eso lo confirma Marcela: “Uno publica porque quiere y puede publicar, ¿no? Es como lo que se publica desde cualquier otro lugar. Uno quiere que las demás personas sepan uno cómo vive y qué hace. No es diferente”.
*El nombre ha sido modificado por pedido de la fuente.