La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha confirmado la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y ha rechazado las pretensiones de Nicaragua en relación al lecho marino más allá de las 200 millas náuticas. Este veredicto ha sido recibido con orgullo y alivio. Detrás de este éxito se encuentra un esfuerzo conjunto, incluyendo la labor de la Armada Nacional, científicos y académicos de diversas instituciones que han contribuido con datos batimétricos, información sobre biodiversidad marina y los servicios ecosistémicos de la región.
En su columna menciona que este logro fue alcanzado a pesar de las limitaciones de recursos e infraestructura, y resalta la importancia de la investigación científica para la protección de la biodiversidad marina y los territorios nacionales. Sin embargo, contrasta con el presupuesto asignado para la investigación en el proyecto de ley del presupuesto general de la nación para 2024. A pesar de las necesidades del país, se destina un porcentaje mínimo del presupuesto a la investigación científica y tecnológica.
Argumenta que este desequilibrio no es coherente, especialmente cuando se busca un desarrollo sostenible en áreas como el ordenamiento territorial, la transformación productiva y la acción climática. Se subraya la necesidad de aumentar la inversión en ciencia y tecnología para motivar la participación del sector privado y lograr avances significativos en áreas clave como la defensa de la soberanía nacional.
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