El abogado Sebastián Briceño presentó una demanda ante el Consejo de Estado el 17 de marzo, buscando corregir un vacío en la Ley 388 de 1997 relacionado con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en Colombia. La demanda se enfoca en el artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, que condiciona las cesiones de terrenos rurales por parte de constructores. Si tiene éxito, se anulará el decreto, dejando a los POT municipales sin base legal para regular estas cesiones. Analistas sugieren que la demanda tiene posibilidades de prosperar y generar preguntas sobre el futuro de las regulaciones en los municipios.
Nuestro profesor y líder del Urban Lab Bogotá Región, Juan Eduardo Chica Mejía, comentó para el diario que la caída del decreto podría verse como un “retroceso” y algunos urbanizadores podrían aprovechar la falta de reglamentación, en cesiones de suelo rural y suburbano, a favor de sus proyectos. “Las cesiones urbanísticas son parte del valor social de la propiedad. Si eso realmente se afecta en términos de la cantidad o el tipo de cesión, creo que va a generar un gran reto, no solo en Bogotá, sino en los municipios, porque es a través de este ejercicio de desarrollo urbano que las ciudades han podido lograr equilibrio en su desarrollo”.
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