Redacción: Diego Quijano
El presidente Duque publicó un trino con una gráfica comparando las masacres de los ocho años del gobierno Santos y los dos años del actual. Naturalmente, las cifras son más altas. Detrás de esta ilustración, existe una intención de esconder la realidad que está viviendo actualmente el país.
Según un informe del Ministerio de Defensa, durante los cuatro primeros años de gobierno de Santos, se pasaron de 34 a 9 masacres por año. Desde el 2014 al 2018, se mantuvo casi el mismo número de masacres anuales. Sin embargo, a partir del año 2018, las masacres han ido aumentando: en lo que va de 2020, se han registrado 43 (según la agencia EFE en Colombia). En 24 horas, durante los días 21 y 22 de agosto, ocurrieron solo 3 masacres.
La ausencia de Estado y el deterioro de la seguridad en departamentos como Nariño, Santander, Antioquia, Arauca y sobre todo el Cauca, se han documentado ataques a la fuerza pública y a civiles por parte de actores armados como las disidencias de las FARC, ELN y grupos neoparamilitares como el clan del golfo y los Rastrojos. Estas acciones criminales, se debe a la guerra desde la desmovilización de las AUC en el año 2006, y luego del desarme de la mayoría de frentes de las FARC, los demás actores armados, han venido peleando por zonas del país para controlar los territorios que dejaron los paramilitares y la guerrilla.
Según el Centro de Memoria Histórica, las masacres son crímenes utilizados por los ejércitos ilegales para fomentar el terror, señalando a la población civil como enemigos de su organización, ya que los acusan de pertenecer al bando contrario. Detrás de la infame “estrategia” buscan el control territorial y poblacional para así ganarle terreno al bando contrario, con el fin de tener el dominio del comercio ilegal. Según Insight Crime, Nariño es el departamento donde se registra el mayor cultivo de coca ilegal, Arauca y Santander son los territorios con más rutas de narcotráfico hacia Venezuela, la extracción ilegal de oro de aluvión se hace en reservas forestales e hídricas en departamentos como Antioquia y Córdoba.
Por último, hay que decir que la administración Duque no quiere aceptar que lleva dos años en el poder y sigue responsabilizando al gobierno Santos y los acuerdos de paz, sin aceptar la ausencia de un Estado que, en vez de implementar lo pactado en la Habana, se dedica a politizar el conflicto actual, ignorando el nuevo fenómeno de violencia que está viviendo el país. Es obligación del gobierno buscar el Estado de paz pues, según los artículos 22 y 95 de la Constitución, es un derecho fundamental y un deber constitucional