Redacción: Diego Quijano
Alegrarse o festejar la muerte de un ser humano en un país donde la guerra, el narcotráfico, el odio y la violencia en general –arraigada en nuestra peculiar sociedad colombiana– han dejado más 300 mil muertes, es la máxima expresión de la carencia de empatía. Sin embargo, la muerte no debe escapar a las críticas de un servidor público como Carlos Holmes Trujillo, que ocupó varios puestos gubernamentales y cuyas acciones y palabras estuvieron sujetas a fuertes controversias.
Trujillo García pasó de cónsul en Tokio, durante los gobiernos de López Michelsen y Turbay Ayala, a ser alcalde de Cali en 1988. Y, antes de haber sido ministro de Educación de Gaviria, fue elegido constituyente en la Asamblea de 1991 por el partido Liberal. Durante los gobiernos de Samper fue Embajador ante la OEA y ministro del Interior. Con Pastrana fue embajador de Colombia ante la ONU. Con Álvaro Uribe ocupó las embajadas de Suecia (donde trabajó con Ernesto Yamhure; asesor ideológico de Carlos Castaño Gil), Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca. En el 2013 logró ser precandidato presidencial del uribismo.
¿Logró ocupar estos cargos por méritos propios? Trujillo es heredero de la maquinaria política liberal, ya que su padre fue congresista por el mismo partido. En X año, Trujillo quiso apropiarse de 250 millones de pesos por “concepto de reliquidación de cesantías”. Sin embargo, “abogados de la Cancillería y fallos judiciales decretaron que sus pretensiones carecían de fundamento y representaban un ‘imposible jurídico’ y un ‘enriquecimiento sin causa’” (Vorágine, 2021).
En el actual gobierno, Trujillo pudo ocupar los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa (cargo que le valió muchas críticas). Nunca explicó la intromisión de 53 militares estadounidenses que venían para la supuesta lucha contra el narcotráfico; evadió la responsabilidad de la policía por la muerte de Javier Ordóñez el 9 de septiembre de 2020; nombró a Eduardo Enrique Zapateiro como comandante de las Fueras Militares; Zapateiro dio la orden del bombardeo en un campamento de las disidencias de las FARC en el Caquetá donde murieron ocho niños; después de los abusos del ESMAD durante las protestas de 2020, dijo que al “ESMAD hay que cuidarlo. El SMAD hay que defenderlo. El SMAD hay que fortalecerlo”; nunca aceptó la responsabilidad del crimen de Dilan Cruz por parte de esta misma institución.
Tras la muerte de Trujillo, Iván Duque decretó tres días de luto por él y por las más de 50 mil personas fallecidas por la covid-19. Su funeral fue multitudinario, hubo homenajes por parte las Fuerzas Militares con aviones y cañonazos; y desde luego, un cubrimiento masivo de los grandes medios de comunicación. Su familia pudo despedirse de su ser querido (a diferencia de la mayoría de las familias de las 52 mil personas fallecidas, pues a muchos les entregaban las cenizas 20 días después de la cremación sin haber podido despedirse).
Si en Colombia decretaran luto por cada persona asesinada en este gobierno, estaríamos de luto todos los días. El país ocupa el puesto número once como uno de los países con más muertes por la COVID-19. Pero esto le es indiferente a Duque. ¿Aspirar a que estas muertes queden en la memoria colectiva? Sería muy naíf de mi parte. Porque si así lo fuera, todos los gobiernos, desde los años 40, serían condenados por el sinnúmero de violaciones a los Derechos Humanos.
La gestión de Carlos Holmes Trujillo es una de las infames representaciones del poder político, pues justificó todas las violaciones y crímenes de Estado durante el paso por el Ministerio de Defensa. Legitimó, con sus palabras y sus acciones, los atropellos que el poder ejecutivo siempre ha cometido contra la ciudadanía colombiana, pues siempre trató de criminalizar un derecho fundamental: la protesta; el medio que dignifica la voz de los reclamantes de justicia, paz y equidad.