*Realizado por Erasmo Daniel Ospina Ramirez, July Alejandra Castro Hernández, y Cristhian Aguirre Herrera
Medios tradicionales
Uno de los acontecimientos más notables durante los últimos meses fue el compromiso entre el Gobierno de Colombia y las FARC para permitir que Organización de las Naciones Unidas (ONU) sea la encargada de verificar el cumplimiento de los acuerdos pactados en La Habana (Cuba), una vez que finalicen los diálogos de paz. A través de su Consejo de Seguridad -que apoyará la creación de una comisión política no armada- esta organización estará a cargo durante 12 meses (prorrogables) de la veeduría y el monitorio civil de la dejación de armas y la tregua bilateral en 8 zonas del país (zonas todavía indeterminadas), además de la presentación de informes trimestrales sobre el fin del conflicto, entre otros asuntos. Se espera también que miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) participen en esta comisión. El Tiempo y El Espectador presentan contenidos detallados sobre esta iniciativa caracterizados por su optimismo, además de las notas positivas en el consecuente seguimiento a la noticia. En general, las diversas reacciones a propósito de este tema aprueban tal decisión, ya que sugieren que este acto incrementa la confianza de la sociedad civil en el proceso de paz –además de legitimarlo debido al apoyo de una organización internacional– y aumenta las posibilidades de éxito. Semana, por ejemplo, cataloga dicha acción como “un firme paso en busca del acuerdo de paz”.
Sin embargo, se detecta una suerte de denuncia y de inconformidad en algunos medios: la falta de claridad en la forma en que operaría dicha veeduría, además de las hondas dificultades que trae consigo el desconocimiento del contenido de los acuerdos pactados en Cuba. Así lo afirma, por ejemplo, el senador del Centro Democrático Alfredo Rángel en entrevista en Blu Radio: “Las Naciones Unidas no saben qué es lo que van a verificar. El país debería verificar cuál es el acuerdo primero antes de saber quién lo va a verificar, porque yo creo que es mejor un buen acuerdo con un mal verificador que un mal acuerdo con un buen verificador”[1]. En el mismo sentido El País expone algunas consideraciones que, -a partir de entrevistas a Vicente Torrijos, Eduardo Álvarez Vanegas y Camilo González Posso, estudiosos, investigadores y académicos del proceso de paz- indican que la participación de miembros de la CELAC podría entorpecer tal veeduría a causa de las posibles afinidades ideológicas entre los países integrantes de dicha institución y las FARC. Esta posición es contraria a la presentada en el informe de La Fm en donde, por ejemplo, se resalta la capacidad técnica y pertinencia de esta institución para ejercer "la importante tarea encomendada".
Medios Alternativos:
Siendo esta noticia una de las más influyentes y compartidas a nivel nacional, también se encontró dentro de los medios alternativos. Un primer medio que opinó frente al suceso fue Verdad Abierta. Dicho portal de noticias, se preocupó por analizar el posible papel de la ONU en su labor de vigilante al desarme. De tal manera, enfatizó la diferencia entre el Consejo de Seguridad –cuerpo de donde salió la resolución– y la Asamblea General. Posteriormente, se rastreó lo que ha significado dicha vigilancia para otros procesos de paz como el de Nepal de 2006 o El Salvador de 1991. En ambos casos, la misión de paz de la ONU se extendió en tiempo, al pedir prorrogas para verificar que se cumplieran los puntos del acuerdo de paz.
Ahora bien, en el caso de Colombia, Verdad Abierta se preocupa por mostrar que la solicitud presentada desde La Habana (Cuba) al Consejo de Seguridad de la ONU es única. En primer lugar, porque se solicita una "misión política con observadores no armados", que difiere de una misión de paz en cuanto a que se limitan las políticas de los observadores a mandatos específicos. En segundo lugar, porque dado que en Colombia no existe una guerra civil, el Consejo de Seguridad no podrá emplear observadores armados –como pasó con la entrada de los cascos azules a Sierra Leona o Angola–. En tercer lugar, Verdad Abierta destaca que dentro de los observadores de la ONU, solo podrán venir de países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) excluyendo así a países europeos o norteamericanos.
Por otra parte, Razón Pública -portal donde académicos publican sus opiniones frente a determinados sucesos- publicó un artículo escrito por Kyle Johnson, en el que efectúa un balance de las ventajas y preguntas que evocan la misión de verificación de la ONU. Empieza con un esbozo general de la resolución Nro. 2261 de 2016 del Consejo de Seguridad, para exponer las "ventajas de la misión". Está se puede entender en dos formas, primero, la misión representaría el papel de un tercero imparcial frente a los dos actores. Por ejemplo, según el autor, las FARC podría vivir un "choque psicológico" al dejar las armas, especialmente donde el gobierno incumpliera el más pequeño de los detalles. De ese modo, la misión ayudaría a disminuir la desconfianza entre ambas partes. Segundo, la misión también serviría para "legitimar el proceso de desarme ante una sociedad tan escéptica frente a las FARC y al proceso de paz". Por otra parte, Johnson también plantea cuestionamientos frente a la misión. Primero, ¿vigilará la misión el traslado de las FARC a los sitios de acantonamiento?, ¿Qué papel jugaría la misión frente al cese al fuego con el ELN? ¿Con otros grupos armados sin cese al fuego?, y finalmente ¿qué pasaría con la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA? En conclusión, Johnson se muestra a favor de la misión, señalando que, aunque produzca cuestionamientos, sí es un gran avance hacia la terminación del conflicto.
Por ultimo, como es característico de este seguimiento de medios, cabe mencionar que frente a este suceso no se encontró información en los otros medios alternativos como Pacifista, Silla Vacía, y Las Dos Orillas.
A continuación dejamos el link a la resolución oficial del consejo se seguridad: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2261%282016%29
Medios Internacionales
Sin duda, la noticia más relevante de este bimestre fue el anuncio conjunto entre el Gobierno de Colombia y las FARC donde solicitan a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la supervisión y acompañamiento al proceso de paz una vez que se firmen los acuerdos. El hecho fue registrado por los medios internacionales desde diferentes miradas, aunque todas coincidieron en posturas benévolas frente al hecho.
The New York Times toma con extrañeza el anuncio conjunto, dados los recelos y temas que aún faltan consensuar, indicando que dicha petición refleja la voluntad política tanto del gobierno como del grupo insurgente. Por otro lado, hace énfasis en las condiciones fundamentales para que la ONU pueda desempeñar bien el papel que se le ha encomendado, señalando como fundamentales el fortalecimiento de la confianza y el cese al fuego permanente. Por su parte, la BBC señala el respaldo que la ONU le ha brindado al proceso de paz desde que se iniciaron las negociaciones en La Habana (Cuca), resaltando que una petición en conjunto obliga moralmente a la entidad en cuestión, que además correrá con los gastos económicos de la misión, aunque también deja en claro que la seguridad de la misión observadora correrá por cuenta de la fuerza pública colombiana. Por tales motivos, se espera que el proceso "no sufra marcha atrás".
Los medios españoles vieron con buenos ojos el suceso. Por ejemplo, El mundo replica la noticia con buen augurio, pero señala que el éxito de la intervención en la Organización de Naciones Unidas radica principalmente en la voluntad y colaboración de los actores del conflicto, en la entrega de armas y las zonas de acción que sean determinadas en la mesa de negociaciones. Por su parte, El país cuenta específicamente el cronograma que a priori tendrían los 15 delegados de las Naciones Unidas que tendrá perfiles de carácter administrativo de la CELAC con nacionalidades no limítrofes a Colombia, para prevenir causas de intervencionismo político. Adicionalmente, señalan la importancia de cerrar un pacto definitivo en la fecha establecida para implementar lo más rápido posible los mecanismos de ayuda en el eventual posconflicto.