Ayer, 2 de marzo, la Corte Constitucional se reunió en pleno para decidir dos demandas instauradas por la ciudadana Natalia Bernal Cano, quien reabrió el debate sobre esta cuestión. La abogada solicitaba la anulación de las causales establecidas por la Corte en el año 2006 donde se despenalizaba el aborto en tres (3) causales (peligro para la vida o para la salud de la mujer; malformación del feto o violación).
Con ocasión de estas demandas, el magistrado Alejandro Linares, a su vez proyectó una ponencia para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos antes de las 16 semanas de gestación, lo cual, generó una amplia discusión entre los grupos denominado “provida” quienes rechazan el aborto y los “proaborto” quienes lo aprueban alegando la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo.
Justamente, integrantes de estos dos grupos se reunieron ayer a las afueras del Palacio de Justicia para manifestar su posición frente al tema, mientras al mismo tiempo la Corte se reunía en pleno para fallar.
Con una votación de seis (6) contra tres (3), los magistrados de la Corte Constitucional se declararon inhibidos para emitir un nuevo fallo alrededor del aborto, argumentando “La ausencia de claridad, certeza, especificidad pertinencia y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad formulados en contra del artículo 122 del Código Penal” por lo que la Corte decidió no proferir una decisión de fondo dejando el aborto tal y como estaba a la fecha.
El magistrado Alejandro Linares -quien proyectó la ponencia de despenalización en todos los casos- fue acompañado por Alberto Rojas y José Fernando Reyes quienes se apartaron del fallo mayoritario y decidieron salvar su voto argumentando que a su juicio el caso debió ser estudiado y decidido de fondo.
Resulta llamativo también que para esta decisión ninguna de las tres mujeres que integran la Corte Constitucional -Diana Fajardo, Gloria Ortiz y Cristina Pardo- votaran en favor de la despenalización o de al menos estudiar el caso, para emitir una sentencia de fondo.
Así las cosas, el aborto seguirá siendo un delito por el que de declararse culpable a alguien tendrá que pagar entre 16 y 54 meses de prisión, salvo que se configure alguna de las tres (3) causales previstas por la Corte para evitar su penalización.