La propiedad intelectual: ¿Una barrera para que la vacuna contra el Covid-19 llegue a todo el mundo?
A corte del 7 de marzo, más de 296.000 colombianos ya habían recibido su primera dosis de vacuna contra el Covid-19, de acuerdo con el Ministerio de Salud, mientras que datos de la Organización Mundial de la Salud estiman que, en el mundo, para esa misma fecha, ya se inocularon más de 300 millones de dosis.
Sin embargo, la posibilidad de llevar esta vacuna a una escala global evidencia problemas estructurales. Uno de ellos tiene que ver con el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esta regulación es en sí misma ambigua en su articulado, limitada en sus alcances y anacrónica en su aplicabilidad.
A esto se le suma la crisis de la organización por el bloqueo de la administración Trump a la multilateralidad comercial, los efectos de la pandemia sobre el comercio y la falta de un Director General en propiedad durante los últimos siete meses, por lo que es poco probable que, por vía del ADPIC y bajo las normas del libre comercio que orientan la entidad, se dé un proceso de masificación de la inmunización.
Previo a los acontecimientos señalados, Joseph Stiglitz y Bruce Greenwald (2015) habían cuestionado el referido acuerdo, indicando su poco aporte a la innovación, la magra contribución al aprendizaje y su marcado enfoque asociado a los intereses de la industria del entretenimiento y de las multinacionales farmacéuticas. En este último caso, se plantean normas no solo en materia de protección de patentes, sino también en materia de resguardo a los datos de prueba (información no divulgada).
Tal como está concebido el acuerdo, los autores señalan que desestimula la comunicación y difusión del conocimiento, incentiva la secrecía y consolida monopolios. Por ende, los países más afectados por esta concepción de la propiedad intelectual y el comercio internacional son los países en desarrollo.
El pasado 23 de febrero, los miembros de la OMC, liderados por la India y Sudáfrica, debatieron sobre “…una propuesta de exención temporal de determinadas obligaciones dimanantes del acuerdo sobre los ADPIC como respuesta a la Covid-19”. La temporalidad de la propuesta estaría asociada a la generalización de la cobertura de la inoculación en el mundo, en tanto se logra la protección global. A pesar del apoyo de 110 países (de los 164 que conforman OMC), la iniciativa fracasó, evidenciando las diferencias que sobre el papel de la propiedad intelectual y el comercio se tienen al interior de ese organismo.
Lo que se deriva de esta situación, por ahora, es que los precios de las vacunas seguirán siendo determinados por las multinacionales, con claro aprovechamiento de la pandemia como negocio. Se ratifica lo afirmado por Stiglitz y Greenwald en el sentido de que en el ADPIC predominan los intereses de las grandes empresas farmacéuticas expresados, al interior de la OMC, por los gobiernos de estas. En particular por los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza, Japón y Reino Unido, entre otros. Este apoyo se complementa con el importante monto de recursos públicos destinados a este sector en dichos países.
Además de los países anteriormente señalados, trabajaron en la propuesta Kenia, Eswatini, Mozambique, Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabwe, Egipto, el Grupo Países Africanos y el Grupo de los Países Menos Adelantados. La presencia de Colombia está ausente en los diferentes documentos que sustentan la iniciativa, evidenciando, al parecer, el alineamiento del país con los países desarrollados y su industría farmacéutica.
La recién nombrada directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeria, expresó en su discurso ante los miembros de la Organización, entre otros propósitos, la necesidad de tomar medidas rápidas para contribuir a la producción y distribución mundial de vacunas contra el virus del Covid-19. Sin embargo, subordinó el cumplimiento de este objetivo a que los países miembros de la OMC estén dispuestos a hacer concesiones y llegar a acuerdos. La nueva directora enfrentará en este punto el gran reto, en un momento tan crítico para la humanidad, de hacer consistente la filosofía de la entidad: libre comercio, con la práctica de la misma.
Danilo Torres Reina
Director del Área Académica de Economía y Comercio Internacional
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