Entrevista con Salomón Lerner Febres
“En Perú todos hemos sufrido, pero algunos han sufrido mucho más”
En diálogo con el Observatorio de Construcción de Paz, el filósofo peruano Salomón Lerner Febres relató su experiencia como presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) que investigó las causas, desarrollo y consecuencias del conflicto armado que sacudió al Perú entre 1980 y 2000. En esta charla, Lerner explicó que la CVR analizó las experiencias y enseñanzas de comisiones similares. “Hubo diálogos con nuestros pares (de otras comisiones), pero comprendimos que debíamos construir nuestro propio camino”. Asimismo, advirtió que el proceso de reconciliación social “es difícil y a largo plazo”
Por: Miguel Barreto Henriques, director del Observatorio de Construcción de Paz¿Al momento de conformarse Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) del Perú se tomaron en cuenta las experiencias y las enseñanzas de otras comisiones similares en el mundo?
Sí. Tengo entendido que hubo dos momentos en los cuales quienes estaban encargados de confeccionar la Comisión se remitieron a experiencias en el extranjero. Los especialistas en DDHH, además de alentar al presidente Valentín Paniagua (2000-2001) para que creara la Comisión, prepararon el Decreto Supremo en donde se especificaban cuáles iban a ser las funciones y los alcances de la misma. Para ello estas personas consultaron las experiencias de Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina y Sudáfrica. Si observamos el primer artículo, que trata sobre el mandato de la Comisión peruana, veremos una serie de elementos que fueron tomados de otras comisiones e incorporados como tareas de la nuestra. Se trata de un mandato bastante complejo y coherente, pues –pese a que nuestras conclusiones y sugerencias no tenían carácter vinculante– se nos pedía que no solo indagáramos lo que había ocurrido en materia de violaciones a los DDHH durante los 20 años de conflicto, sino que además se nos pedía que investigáramos las razones por las cuales había ocurrido todo esto. En ese contexto, nos encomendaron que estudiáramos la historia de este proceso y que hiciéramos propuestas de reparaciones y reformas estatales e institucionales para la no repetición. Asimismo, nos encomendaron que ayudáramos establecer las responsabilidades en casos de violaciones a los DDHH y, de ese modo, ayudar a la justicia. Como ya lo señalé, nuestro mandato no era vinculante, pero la idea era que el Estado escuchara muy atentamente lo que teníamos para decir. La inspiración en experiencias extranjeras también se vio en la selección de los miembros de nuestra CVR. En tal sentido, luego de analizar si debían ser extranjeros o no, o si debían representar a las partes del conflicto, o si debían representar a las víctimas o a los partidos políticos, se optó por que fueran ciudadanos peruanos que se representaran a sí mismo y a su propia conciencia.
Una vez que la CVR ya estaba creada, ¿qué enseñanzas tomaron del trabajo de otras comisiones?
Una vez que ya estábamos designados los miembros tuvimos que estudiar cómo habían trabajado las otras comisiones. Para ello establecimos contactos con miembros de otras comisiones para conocer su experiencia. En ese sentido, hablamos con miembros de las comisiones de El Salvador, Guatemala, Argentina y Sudáfrica. No para copiarlos, sino para conocer detalles de su trabajo. Además, el caso peruano tiene unas particularidades que lo diferencian de demás países, salvo al caso guatemalteco con el que compartimos algunas similitudes respecto de la calidad de las víctimas: la mayoría de origen nativo, esto es, poblaciones históricamente postergadas. Es decir que hubo diálogos con nuestros pares, pero comprendimos que debíamos construir nuestro propio camino.
¿Qué enseñanza obtuvieron en CVR en materia de reconciliación?
La lección que extraigo para el caso peruano es que hay que esperar un tiempo para que se dé la circunstancia propicia que lleve a un proceso real de reconciliación, en el sentido de aceptación de las responsabilidades por parte de instituciones. Ello se debe a que dichas instituciones, por lo general, son reacias a aceptar un informe en donde se revela que, en cumplimiento del deber, se violaron los DDHH. Diferente fue el caso de Chile, en donde la comisión de ese país trabajó en un contexto de recambio generacional dentro de las fuerzas de seguridad. En cambio, en Perú hubo sectores (como el fujimorismo y el partido APRA) que combatieron nuestro trabajo desde antes incluso de que saliera el informe final, pues sabían que iban a estar en él. Es que la reconciliación no basta solo con volver a anudar al Estado con la sociedad, sino que además los peruanos debemos construir una nueva manera de que tratarnos entre nosotros. Y la clave de ello viene de la mano de políticas públicas de reconocimiento, ejercicio de la ciudadanía, inclusión social y aceptación de una historia que debe ser asumida. La reconciliación es difícil y a largo plazo. El Informe de la CVR señaló que el 70% de las víctimas eran quechua-hablantes y esto, además de una gran sorpresa, motivó una descentralización de las tareas de la propia CVR con sedes regionales y equipos móviles.
¿Cree Usted que ello contribuyó de alguna forma para un proceso de reconciliación entre el Perú limeño y el Perú selvático indígena que sufrieron de una manera distinta la experiencia del conflicto armado?
Yo creo que la comisión cumplió su deber de señalar con verdad y precisión que un sector mayoritario de las víctimas pertenecía a un grupo social que no era “importante”, entre comillas, para el Gobierno ni para el país, y que esa indiferencia indica una civilidad endeble y un sentido débil de Nación. Creo que el Informe de la CVR ha servido para que algunos de los sectores de la sociedad reflexionen y hagan un mea culpa en el sentido aceptar que todos hemos sufrido, pero que algunos han sufrido mucho más. Y, lo que es peor aún, todavía siguen sufriendo horriblemente y no les hacemos caso. Insisto que la única solución va de la mano de políticas públicas que acepten comprendan esas diferencias. Hay un Perú ligado al consumo y a los negocios de la minería, mientras que hay otro Perú: el de las poblaciones indígenas que siembran y que a veces son sacados de sus tierras para extender los negocios mineros.