Según una investigación del Gobierno de Japón, varios ministerios y organismos gubernamentales han inflado en más de 3.000 el número de empleados con discapacidad.
La ley japonesa estipula que tanto el sector público como el privado cuenten con cierto porcentaje de personas discapacitadas en plantilla.
El ministro de Trabajo, Katsunobu Kato, ha informado de los resultados de la pesquisa durante un encuentro ministerial este martes. La investigación se abrió después de que hubiera rumores de la manipulación de los números por parte del Gobierno central y de autoridades locales.
La investigación abarcó 33 ministerios, agencias y otras entidades. Hasta junio del año pasado, el 80 % de ellos había inflado el número de trabajadores discapacitados hasta un total de 3.460 personas.
El dato se obtuvo teniendo en cuenta a aquellas personas de las que no se tenía ni los documentos necesarios ni certificados médicos de discapacidad.
El conteo correcto dio como resultado un 1,19 %, y no un 2,49 %. La cifra de trabajadores discapacitados que estipula la ley es del 2,3 %.
Durante el encuentro del martes, el secretario jefe del Gabinete nipón, Yoshihide Suga, ha dicho que la situación es injustificable, y que el Gobierno creará un consejo de enlace entre ministerios y un equipo, en el que habrá expertos ajenos a la Administración, con el objetivo de estudiar el problema.