El mundo enfrenta una lucha sin tregua contra el SARS-CoV-2, un virus que ha cobrado la vida de más de dos millones de personas en todo el mundo y que deja terribles efectos sociales y económicos, de los cuales será difícil salir en poco tiempo. En esa batalla, otros virus han sido olvidados, pero aún cuentan con una presencia preocupante en algunas regiones tropicales de Latinoamérica, especialmente Colombia, donde se libra una lucha contra el dengue, el chikungunya, el zika, la malaria y la fiebre amarilla, entre otras enfermedades que se han anidado en las poblaciones más pobres y con más dificultades de atención integral de salud en la región.
La costa Pacífica ha sido por décadas la más afectada por estas enfermedades y la más olvidada por el Estado. Así lo evidencia el estudio "La Malaria como resultante de la expresión tanto de la historia como de las condiciones sociales que afectan a los habitantes de la costa pacífica del departamento de Nariño – Colombia", en el que se reconstruye algunos de los procesos de cambios por los que ha atravesado esta región, para entender su contexto actual.
Esta región "ha sido testigo y víctima de procesos de colonización, eliminación de grupos étnicos, extracción de los recursos naturales y en las últimas décadas, se ha convertido en una de las regiones con mayor presencia de grupos armados en el marco del conflicto que azota al país y que trae consigo pobreza, ausencia del Estado, precariedad", señalan en el estudio los docentes e investigadores de Utadeo, José Israel Galindo-Buitrago y Wilson Giovanni Jiménez-Barbosa.
Coinciden en que la presencia de estas enfermedades infecciosas, en especial la malaria, en la costa Pacífica del departamento de Nariño, es la expresión del abandono histórico, político y social, al que ha estado sometida esta región del país.
Viviendas palafíticas de la costa Pacífica. Foto: José Israel Galindo-Buitrago
Las conversaciones adelantadas con pacientes infectados, líderes comunales y profesionales de la salud, en 10 municipios que conforman la costa Pacífica del departamento, confirman que las políticas estandarizadas por los gobiernos de turno no responden a las necesidades específicas de la zona; que la nula asistencia del Estado ha sido justificada por la violencia que se vive y que las oportunidades para vivir dignamente se les han negado, y es, en la ilegalidad, donde la población ha encontrado una fuente de empleo para “sobrevivir”.
"La malaria es de aquí; el mosco vive con nosotros, en nuestras casas, eso ya lo sabemos hace rato. Y no solo el de la malaria, también hay jején, solo que ese sí es de temporadas y también hay moscos de dengue y de otras enfermedades, aquí los tenemos todos. Aquí abundan los zancudos, usted aquí después de las cuatro de la tarde ve las nubes de animales que llegan a picar y se quedan toda la noche, por eso le toca a uno camuflarse, ponerse ropa y camisas manga larga o meterse debajo del toldillo", esta es la respuesta de uno líderes comunitarios entrevistados por Galindo, quien durante semanas indagó en estos municipios el impacto de esta enfermedad potencialmente mortal, causada por parásitos del género Plasmodium, que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles.
En su recorrido por los municipios de Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco, Galindo constató, con entrevistas e información tomada del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA, que, entre 2003 y 2017, hubo 84.600 casos de Malaria, con un promedio anual de 5.640, el 57,9 % en hombres y el 42,1 % en mujeres.
"Encontramos que los municipios donde se concentró la mayoría de los casos fueron Tumaco, Roberto Payán y Olaya Herrera, y que la procedencia de los casos estuvo ubicada en microterritorios que comparten condiciones típicas para la circulación del vector. En cuanto a la prevalencia, identificamos que los casos se presentan más en los hombres, un registro que estaría asociado con las actividades económicas que ellos ejercen: labores mineras y agrícolas en la región, entre las que están la minería ilegal y cultivos ilícitos", explica el investigador sobre este primer resultado, en el que también se evidenció que los casos se concentraron en el grupo poblacional que va de los 10 a los 24 años, lo que representa el 45,1% de los casos notificados durante esos 15 años transcurridos.
Foto: José Israel Galindo-Buitrago
El primer testimonio citado muestra cómo la población asumió la Malaria como una enfermedad más, a la que se acostumbraron. Al entrevistar a varias personas que se vieron afectadas o que conocieron casos cercanos con esta enfermedad, se percibió en ellos "una actuación pasiva, tolerable, aceptable y con cierto grado de normalidad respecto a que la enfermedad hace parte integral del territorio y que hay que acostumbrarse a vivir con ella", comenta el investigador, y agrega que es precisamente esta actitud la que incide en que no se tomen medidas de prevención individuales y colectivas; incluso, hay quienes aceptan que han recibido indicaciones por parte de los profesionales de la salud, pero "las han olvidado" o esperan que estas estén acompañadas de retribuciones, como la donación de toldillos.
A esa actitud pasiva, se suma las condiciones en las que habitan, algunas bastante precarias y difíciles de atender con brigadas de salud. El profesor Jiménez, del Área Académica en Salud de Utadeo, comenta que, a los problemas de hacinamiento, bajo nivel educativo y pobreza, se suman las condiciones de las viviendas, que son de tipo palafítico (construcciones sobre pilotes de madera o concreto que sostienen una plataforma que estructura el suelo de la vivienda) y que carecen de servicios públicos y alcantarillado.
"En estas viviendas hacen almacenamiento de agua a la intemperie. Los alcantarillados son zanjas que cruzan por la parte frontal e inferior de estas construcciones, lo que hace de estos lugares un sitio ideal para que el vector Anopheles se reproduzca y conviva con los habitantes" comenta el tadeísta.
Los mosquitos Anopheles hembra ponen sus huevos en el agua, donde, después de un tiempo, las larvas se desarrollan hasta alcanzar el estado de mosquito adulto. Estos insectos cuentan con una vida relativamente larga (dos semanas aproximadamente) que permite que el parásito del género Plasmodium tenga tiempo para completar su desarrollo en el interior de su organismo y luego transmitir la enfermedad a humanos y a animales, a través de la picadura. Los síntomas más comunes –que aparecen siete días después de haber adquirido el parásito– son: fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, vómito, fatiga y dificultad al respirar. Si no se trata adecuadamente y a tiempo, puede ser mortal.
La Malaria es transmitida a los humanos a través de la picadura de mosquitos Anofeles infectados con el parásito Plasmodium. Foto: Pixabay
"Si seguimos como estamos ahora definitivamente no, no se va a acabar nunca. Mientras no hagan alcantarillado para que se mantengan los lotes secos no va a haber por donde escurra el agua (...). Es un trabajo donde el gobierno debe dejar recursos para hacer esas actividades, sensibilizar y educar a la comunidad y que no solo se haga una vez, (...) y que la misma comunidad se apropie de ellas, eso sí que desde algún lado den recursos porque hacen falta cosas que en la comunidad no tenemos, como las guadañas por ejemplo", comenta uno de los líderes de la comunidad, citado en la investigación adelantada.
Ese olvido también se hace evidente en los centros de salud de esta región, donde los médicos, especialistas y enfermeras cuentan con muy pocos recursos para darle la batalla a esta enfermedad.
La falta de instrumentos de diagnóstico ya sea para las pruebas de microscopía -hecha por personal voluntario, que nunca se han logrado vincular al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y que cumplen su labor al interior de la selva-, tratamiento y medicamentos, además de los incumplimientos en los pagos de sueldo a los profesionales de la salud, dificultan la atención que se provee a la población. Son muy pocos quienes se enfrentan a este déficit y a las olas de violencia en el territorio, pues la situación de orden público dificulta que se pueda hacer un rastreo juicioso de esta enfermedad. Muchos huyen, temiendo a que la guerra los alcance.
"Otra determinante que contribuye a la afectación de la problemática de salud es el conflicto armado colombiano, el cual ha estado presente en la zona, lo que se evidencia en el informe “Consecuencias del conflicto armado en la salud en Colombia”, en el que se destaca que los municipios más impactados por la guerra tienen peores indicadores de salud; siendo los diez municipios de la costa pacífica del departamento de Nariño unos de los más afectados por esta situación y determinante social; en estos, una de las patologías de mayor incidencia en estos territorios es la malaria. De ahí que el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad guarde una relación inversamente proporcional con el conflicto armado en esta región colombiana, lo que no significa que la guerra sea un factor protector ante la enfermedad, sino que quizás enmascara o disfraza la incidencia de casos, al dificultar su reporte oportuno", asegura el profesor Galindo
Galindo adelantó una serie de entrevistas en diez municipios nariñenses. Foto: José Israel Galindo-Buitrago
Esa dificultad en el registro del número de personas afectadas por malaria abre una puerta para que exista un subregistro de morbilidad y mortalidad del que aún no se tiene claridad, y que pone de relieve que Colombia no ha avanzado en su compromiso por erradicar la especie causante de esta enfermedad, como se lo propuso en 2019, cuando el Ministerio de Salud y Protección Social firmó el Pacto para la Eliminación de la malaria, en alianza con doce alcaldes del Pacífico colombiano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); un compromiso que tiene como fecha límite el 2025.
De acuerdo con el Ministerio, con el Pacto se invertirán inicialmente unos 30 mil millones de pesos (de los cuales $7.500 provienen de los organismos internacionales) para capacitar y mejorar el talento humano, fortalecer el diagnóstico, articular de una forma más eficaz los esfuerzos de prevención y para tratar oportunamente la enfermedad. Sin embargo, mientras ese pacto se pone sobre el terreno, Galindo plantea, sin descuidar los servicios de salud, la necesidad de un trabajo social en el que no solo se mire desde lo cuantitativo, sino desde la resolución de los problemas de infraestructura, como el alcantarillado, y servicios públicos prioritarios, como el agua potable.
“Se necesita que hagan políticas no solo pensando en las grandes ciudades, sino también pensando en las realidades de los territorios, algunos grandes en extensión, pero con una baja tasa de población y con problemas específicos que no se miden en los promedios”, comenta el profesor sobre esta investigación, que es producto de su trabajo de grado del Doctorado en Modelado en Política y Gestión Pública de Utadeo, dirigido por su colega Wilson Giovanni Jiménez-Barbosa, y del que se esperan próximas publicaciones en revistas científicas.