De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Colombia cuenta con el 61,3% de su fuerza laboral en la informalidad, siendo este el país con el índice más alto del mundo. Por su parte, el DANE sostiene que la proporción de empleados informales en las trece principales ciudades fue del 46,8% para el trimestre comprendido entre junio a agosto de 2018.
Sin embargo, el profesor del Departamento de Economía, Comercio Internacional y Política Social de Utadeo, Carlos Alberto Jaimes, sostiene que, a diferencia de la definición de desempleo que es estándar, el concepto de informalidad es gaseoso, pues en muchas ocasiones el Gobierno reporta las cifras de esta problemática teniendo en cuenta la definición de la OIT, mientras que en otras oportunidades lo hace a partir del número de contribuyentes al Sistema General de Seguridad Social.
Estas dos lecturas del problema han llevado a que el Ejecutivo no tome las mejores decisiones frente a la informalidad, al tiempo que no se generan políticas públicas que permitan disminuir su avance: “La informalidad es un resultante de las condiciones económicas en general –sostiene Jaimes-. El Gobierno tiene un concepto, a veces asociado al criterio técnico, y en otras ocasiones, lo mide a través del cumplimiento de aportes fiscales y parafiscales. Eso hace que, cuando le conviene, el Gobierno reclame victorias porque ha hecho que más personas contribuyan al sistema, aún cuando la realidad en productividad no haya cambiado, y a veces reclama que la informalidad es muy grande porque hay muchas personas que trabajan con familiares, en lugares distintos, e incluso sin remuneración”.
Precisamente, la investigación que adelanta Jaimes desde el 2015, y que ahora hace parte de su trabajo de grado en el marco del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, busca, en primer lugar, brindar una claridad conceptual sobre la informalidad, para luego identificar en qué medida la seguridad social contribuye a la formalización del empleo y hasta dónde se asocia a que las personas permanezcan en la informalidad.
Ello se debe, a que como lo comenta el investigador, el ingreso a la seguridad social, especialmente al régimen subsidiado, a través del SISBEN y otros mecanismos, lleva a que los ciudadanos eviten formalizarse o vincularse laboralmente, dado que, en primer lugar, en muchas ocasiones sus ingresos no son suficientes para financiar los costos deducibles en salud y pensión, y por el otro, la asistencia pública, a través de subsidios, puede generar mayores ingresos que los percibidos en un empleo formal.
Por otra parte, agrega Jaimes, ingresar a la formalidad tiene beneficios, entre ellos pensiones y prestaciones sociales, al tiempo que el ciudadano obtiene derechos adicionales, en relación con los que se encuentran en la informalidad. El problema es que, dice el investigador, la salud no debería estar atada a la tenencia o no de un empleo formal, sino debería tener cobertura universal. Frente a ello, a pesar de que el legislativo aprobó en 2013 la movilidad del régimen subsidiado hacia el régimen contributivo, sin cambiar de EPS, el tadeísta sugiere que este tránsito es aún poco efectivo, pues una vez se pierden los subsidios sociales, tras la formalización, toma mucho tiempo recuperarlos si se pierde el empleo.
En ese sentido, el investigador analiza las fluctuaciones de la informalidad a partir de la información consolidada en la Encuesta de Hogares del DANE, teniendo como ventana de observación desde 1993, año en el que se reguló el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, tras la entrada en vigencia de la Ley 100, hasta la fecha. Así mismo, Jaimes analizará la evolución de la informalidad y la formalidad a través de los resultados de la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes (ELCA).
Carlos Alberto Jaimes, profesor e investigador del Departamento de Economía, Comercio Internacional y Política Social de Utadeo
Educación, clave para mitigar la informalidad
Para Jaimes, más allá de medir la informalidad bajo un esquema de no cotización de aportes a salud y pensión, esta debe pensarse como un problema subsidiario del sistema educativo, especialmente de acceso a la educación superior: “La formación para el trabajo está bastante distorsionada pues no tiene en cuenta las necesidades del sector productivo. Eso le resta al país competitividad, pues falta más gente en las áreas operativas y de producción. Aquí todos quieren ser gerentes. En nuestro sistema educativo, las personas no aspiran a ser técnicas o tecnólogas, sino que toman esta opción como un paso intermedio para profesionalizarse”, esto, precisamente, genera muchos ciudadanos profesionales y pocos que se dediquen a ser técnicos o tecnólogos, estos últimos, considerados actores fundamentales para la producción de las empresas.
En ese sentido, del nivel de conocimiento especializado que posea un individuo, depende si puede definirse como formal o informal, pues tras finalizar su educación superior, se considera que la persona ya cuenta con herramientas para formalizar su trabajo, ya sea desde un emprendimiento, como empleado o contratista. En últimas, la informalidad está ligada a la productividad: “el profesional tiene un nivel alto de productividad. Puede tener otros problemas, entre ellos el desempleo o falta de inversión para proyectos de emprendimiento, incluso que su perfil no se ajuste a lo requerido por la empresa, pero no se va a considerar informal”.
Es por ello que Jaimes afirma que la informalidad es realmente un problema de vulnerabilidad que les impide a los ciudadanos ingresar al mercado laboral en condiciones adecuadas, dado que no se cuentan con las capacidades de formación en capital humano.
Por lo pronto, países como Chile han logrado mejores estándares en condiciones de vida e ingresos per cápita, gracias a que las tasas de informalidad se han reducido en ese país en un promedio de 0,3% por mes, llegando así al 29,1%, durante el primer trimestre de este año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).